Presupuestos del Estado, ni maquillaje ni manipulación

ROMáN RODRíGUEZ (*)

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un instrumento fundamental donde los gobiernos reflejan en partidas económicas cuáles son sus prioridades. Este año se elaboran en un contexto de grave crisis económica mundial con evidentes repercusiones en Europa, España y Canarias. Son, por tanto, unos Presupuestos para hacer frente a la crisis y con una más que previsible disminución de los ingresos del Estado. Un análisis profundo del proyecto de PGE para 2009 permite percibir sus aciertos y carencias. No comparto el maquillaje que algunos socialistas se han prestado a dar a estas cuentas públicas, mezclando las partidas sociales con las inversiones asignadas a las islas. Ni, tampoco, las apocalípticas proclamas de ATI-CC y el PP, que están manipulando las cifras a su antojo Con relación a la parte positiva, coincido en las prioridades de gastos establecidas en los PGE para 2009, porque responden a lo que deben ser unas cuentas progresistas para hacer frente a la crisis económica. Por un lado, se incrementa el gasto social un 9,5% (por encima del crecimiento del 3,3% del gasto presupuestario), absorbiendo el 52,8% del presupuesto. Son partidas destinadas a proteger a los más débiles ante los efectos de la crisis. Se incrementan las prestaciones por desempleo, siguen creciendo las pensiones (las mínimas una media de un 6,6%) y se amplían en un 33% las dotaciones para desarrollar la ley de la dependencia que será de 1.158 millones de euros, siendo la partida con mayor variación porcentual de todo el presupuesto. Y todo esto afectará positivamente a los habitantes de Canarias más desfavorecidos. Además, se potencian las medidas anticíclicas para favorecer la recuperación económica, con un aumento del 4,5% de la inversión pública en infraestructuras, y un importante incremento del gasto, del 6,7%, en investigación (I+D+i). También me parece destacable que siga incrementándose la ayuda al desarrollo un 2,2%. A pesar de lo dicho, defiendo un mayor esfuerzo en gasto social y en inversión productiva, incrementando el déficit publico hasta el 3% del PIB (el saldo presupuestario negativo contemplado es del 1,9%), como permite la Ley de Estabilidad presupuestaria, por la gravedad de la situación que vivimos. Canarias Pero es indudable que el proyecto es peor que el Presupuesto del presente año, en el que Canarias quedó muy beneficiada gracias a la aceptación por parte del PSOE de relevantes enmiendas presentadas por Nueva Canarias, cuando yo era diputado en el Congreso. Y al establecer comparaciones no se puede hacer trampas, como hace el Gobierno canario y ATI-CC, usando como criterio de medida de la inversión en las Islas sólo el Capítulo VI (inversiones directas de ministerios y entes públicos) obviando incluir el VII (transferencias de capital sustentadas en convenios firmados), pervirtiendo el criterio de comparación que siempre se ha usado y que deja fuera del cálculo las partidas destinadas a carreteras, obras hidráulicas, tranvía de Tenerife..., contempladas en este capítulo. Al igual que hay que incluir los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que también son para inversiones. Utilizando este criterio, como hacía CC hasta 2007, las inversiones en Canarias se reducen un 2,32% respecto a 2008 (939 millones de euros frente a los 962 del presente ejercicio). Las inversiones directas (Capítulo VI) bajan un 14% (93,4 millones) mientras que aumenta en 60,6 millones los recursos de los convenios firmados (Capítulo VII) y en 10,5 millones el FCI. El saldo inversor negativo para Canarias asciende a 22,3 millones, a los que habría que añadir la desaparición del convenio para el desarrollo del Plan Integral de Empleo en infraestructuras educativas (40 millones), que se incorporó a los vigentes Presupuestos de 2008 gracias a una enmienda de Nueva Canarias y que el Gobierno canario debe explicar por qué no ha gastado ni un euro del mismo. Esta disminución real de las inversiones la considero inadmisible, porque en momentos de crisis económica son esenciales las inversiones públicas y porque, además, se retrocede en la convergencia de Canarias con la media inversora estatal hacia la que nos íbamos acercando especialmente con los Presupuestos de 2008. Y, además, porque en otros capítulos presupuestarios se producen injustificables recortes, como ocurre en las subvenciones al transporte de mercancías que disminuyen en 20 millones de euros. Tampoco comparto el incremento contable en 126 millones de la parte retenida por el Estado a cuenta del extinto Impuesto General sobre Tráfico de Empresa (ITE). No hay ninguna razón que lo justifique y espero que la retención que finalmente se practique sea, como mucho, similar a la de 2008. En este asunto, es necesaria una inteligente negociación bilateral con el Estado, donde se acuerde gradualmente eliminar esta retención y que su importe se distribuya en un 70% para financiar las corporaciones locales y un 30% para el Gobierno de Canarias, como ha aprobado el Cabildo de Gran Canaria. Por todo lo expuesto, considero esencial introducir una serie de enmiendas que rectifiquen las deficiencias del proyecto. Entre ellas, elevar la financiación al transporte de mercancías y las ayudas al transporte público en guagua; y asignar recursos para los planes ferroviarios de Gran Canaria y de Tenerife, para poder encargar la redacción de sus proyectos. Así como obtener financiación para el Consorcio de rehabilitación turística de San Bartolomé de Tirajana, en el que participa el Estado, y que, a iniciativa de NC, contaba con presupuesto en las cuentas de 2008. Por último, otras enmiendas deben garantizar la continuidad del programa de infraestructuras educativas en el marco del PIEC y recuperar la financiación para infraestructuras culturales incluida en los pasados presupuestos. Con la incorporación de estas enmiendas, que estamos debatiendo con los socialistas canarios, podemos lograr que los Presupuestos del Estado influyan positivamente en la sociedad canaria, en su economía y en sus habitantes. Eso es lo que toca hacer ahora y no montar algaradas desde el Gobierno de Canarias, subordinadas a la estrategia estatal del PP; queriendo, además, instrumentalizar partidistamente a las organizaciones sociales canarias.

(*) Presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria